Durante los últimos años, una de las quejas y reivindicaciones más habituales de las empresas, especialmente las pequeñas y...

Durante los últimos años, una de las quejas y reivindicaciones más habituales de las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, ha sido la dificultad que han tenido para poder acceder al crédito.

Aunque el Euríbor ha bajado a mínimos históricos y se han facilitado grandes ayudas a las entidades financieras para que taparan los agujeros en sus balances, todo ello no se ha transmitido en igual proporción en un mayor y más fácil acceso al crédito para las compañías.

Sin financiación, las empresas no pueden afrontar inversiones que precisarían para crecer o deben afrontar problemas de liquidez en el corto plazo. Para intentar paliar esta situación, el año pasado se aprobó la Ley de Fomento de la Financiación. En general, se centra en dos objetivos:

  • Facilitar a las pequeñas y medianas empresas el acceso a financiación: son las principales damnificadas del para en la concesión de financiación. Consecuencia de su tamaño, las entidades de crédito son menos proclives a ofrecerles la financiación que demandan.
  • Clarificar el papel de las fuentes alternativas de financiación: como hemos hablado en otros artículos, más allá de la financiación tradiciones vía entidades de crédito, en los últimos años han ganado peso otras formas, como los business angel o el crowfunding. A falta de oportunidades en los bancos, los emprendedores y empresas se han visto obligadas a buscar otras alternativas.

Los aspectos más importantes de este Ley son los siguientes:

  • Plazo mínimo de aviso ante cancelación o reducción de la financiación: las entidades deben avisar con un mínimo de tres meses a las empresas a las cuales se les cancele o reduzca la financiación que disponían hasta aquel momento, siempre que esta cantidad sea igual o superior al 35%. De esta forma, se deja un cierto margen (aunque tampoco demasiado amplio, todo hay que decirlo), para que las compañías puedan encontrar otra fuente.
  • Cambio en el régimen jurídico de los establecimientos financieros de crédito: se mantiene la supervisión sobre estas entidades (que corre a cargo del Banco de España), pero pierden su condición de entidades de crédito.
  • Facilidades para que las empresas puedan acceder a los mercados de capital: se facilita la emisión de obligaciones para que las compañías puedan financiarse. En ese sentido, las sociedades anónimas y las comanditarias por acciones solamente podían emitir obligaciones por el valor de sus recursos propios. Este límite se elimina en la Ley. En la misma línea, se permite a las Sociedades de Responsabilidad Limitada a emitir obligaciones, aunque en este caso se marcan una serie de límites para evitar que se endeuden en exceso.
  • Regulación de los crowfunding: es una nueva forma de financiación participativa que ha tenido un auge muy importante gracias a las nuevas tecnologías. La empresa presenta un determinado proyecto y, quien así lo desee, puede invertir allí. Aunque la mayoría de proyectos acostumbran a ser de un valor monetario reducido, también hay crowfunding de proyectos de mayor entidad y valor. Esta Ley quiere regular esta forma de financiación y, especialmente, proteger a los inversores que deciden invertir en algún proyecto.

Se establecen una serie de límites. En primer lugar, se marca un máximo de dos millones de euros por proyecto presentado. Además, un inversor no acreditado, como mucho podrá invertir tres mil euros. En el caso de que sí lo esté, la cifra podrá llegar a los diez mil euros en distintos proyectos durante un año. También existe la obligación de informar sobre todos los aspectos de la inversión.

Como se ve, son medidas destinadas a proteger al inversor, a quien se le imponen una serie de topes de inversión.